El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo Decreto-Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz. Esta norma, que se tramitará como proyecto de Ley para propiciar su debate parlamentario, incluye las modificaciones acordadas el pasado día 18 de noviembre con las organizaciones sindicales mayoritarias en la Mesa General de Negociación del Empleado Público, UGT-A y CCOO-A.
Los cambios introducidos sobre la norma original, aprobada el pasado mes de julio, complementan su contenido y buscan alcanzar un elevado grado de consenso en su aplicación. El nuevo decreto precisa el régimen de integración del personal, tanto funcionario como laboral, en las agencias públicas empresariales y de régimen especial.
La consejera de la Presidencia y Portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, ha subrayado que el nuevo texto mantiene los objetivos y el modelo del anterior, aunque amplía y modifica las "garantías de derechos" reconocidos a los trabajadores del ámbito público. Así, ha recalcado que persigue "la modernización del sector con criterios de austeridad", ya que la supresión de empresas públicas y entes instrumentales supondrá un "ahorro importante".
En cuanto a su tramitación, Mar Moreno ha confiado en tener el "debate parlamentario esclarecedor" que los empleados públicos "se merecen", y que permitirá a los partidos expresar su opinión y aportar "serenidad e información" sobre el texto. La consejera ha incidido en se trata de un decreto que nació "inocuo" y que continúa siendo "sólido" en la defensa del sector. Además, ha aclarado que su aprobación permitirá seguir garantizando la "naturaleza pública" de los servicios que presta la Administración.
En cuanto a las modificaciones introducidas en el nuevo Decreto-Ley, ha recordado que se han acordado con los sindicatos CCOO y UGT, que representan más del 70% en la Mesa General de la Función Pública, y ha lamentado la aparición de "elementos externos" que no contribuyen a lograr un "clima de diálogo". En este sentido, ha señalado que la principal "preocupación" del Gobierno andaluz son las dudas generadas en el sector de los empleados públicos.
"Estábamos convencidos de que el decreto era bueno, y con las aportaciones de CCOO y UGT es aún mejor", ha apostillado, al tiempo que ha reconocido que se podrá "enriquecer" durante su tramitación parlamentaria.
Moreno ha explicado que el origen de este texto normativo responde a un compromiso adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para la reducción del sector público, y ha precisado que el nuevo decreto no modifica al anterior en el "fondo", aunque sí lo hace en el "cauce y la forma".
Carácter voluntario
Igualmente, ha subrayado que no cambia la naturaleza jurídica de la relación de ningún trabajador con la Junta de Andalucía. "Todos los protocolos de integración serán negociados", ha reiterado.
La norma subraya el carácter voluntario de la incorporación de los funcionarios y garantiza que se les continuará aplicando el Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario de la Junta de Andalucía. En el caso de que se integren como personal laboral, quedarán en la situación administrativa de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público andaluz. Cuando reingresen al servicio activo, se les reconocerá el trabajo desarrollado en las agencias para los concursos de méritos y también a efectos de reconocimiento de trienios.
De igual modo, el decreto también garantiza la voluntariedad de la integración del personal laboral de la Administración General en las agencias. Por su parte, el personal laboral de las entidades instrumentales que se extinguen o transforman se integrará en las nuevas agencias resultantes de estos procesos. Para adquirir, en su caso, la condición de personal funcionario o laboral de la Administración General, estos trabajadores deberán participar en las pruebas selectivas de acceso libre que se convoquen.
En cuanto a la Agencia Andaluza del Agua, extinguida como consecuencia del Decreto-Ley, sus empleados se integrarán en la estructura de la Consejería de Medio Ambiente, previa negociación de las condiciones en la Mesa General de la Función Pública.
